En 1996, el Gobierno de la República de Guatemala puso en marcha un plan para la privatización del mercado eléctrico, se emitió la Ley General de Electricidad, Decreto No. 93-96 y su Reglamento en el Acuerdo Gubernativo No. 256-97.

En el artículo 44 de la Ley se crea el Administrador del Mercado Mayorista (AMM), una entidad privada, sin fines de lucro, cuyas funciones principales son: la coordinación de la operación (Operador del Sistema) y la liquidación de las transacciones entre los participantes (Operador del Mercado).